Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, advirtió que si el gobierno federal no implementa una política de “cero tolerancia” a la circulación de este tipo de vehículos, dará pauta a que continúen las condiciones irregulares.
El pleno de la industria automotriz en México reprochó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la puesta en marcha del decreto para regularizar vehículos usados importados, conocidos como “chocolate”, sin establecer medidas de control ni revisión para el ingreso de los autos ilegales, por lo que no descarta interponer amparos.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), así como la Industria Nacional de Autopartes (INA) afirmaron que el decreto de la regularización genera distorsiones y trato inequitativo a los consumidores que han adquirido un vehículo de forma legal, de modo que solicitaron a las autoridades hacendarias definir las reglas de importación, tomando en cuenta al sector automotor.
De entrada, José Zozaya, presidente de AMIA insistió que abrir un espacio para legalizar el contrabando envía una “pésima” señal a las inversiones que buscan a México para hacer negocios.
Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, advirtió que si el gobierno federal no implementa una política de “cero tolerancia” a la circulación de vehículos ilegales, dará pauta a que continúen las condiciones irregulares.
“En el decreto se pierde de manera muy especial el control para poder cumplir el objetivo que el mismo decreto contempla. Sería verdaderamente lamentable que retomemos la práctica vigente, por ejemplo entre el año 2006 y 2012 en el que se permitió la regularización de vehículos con reporte de robo, con vehículos que cuentan con declaratoria de no circulación en Estados Unidos y también que no tienen las condiciones mecánicas ni las satisface la normatividad ambiental”, cuyos puntos no fueron atendidos en dicha ley, cuestionó Rosales.
“Es muy importante que la industria participe en la elaboración de reglas secundarias derivadas del decreto, especialmente para que los vehículos que se regularicen cumplan realmente con los mismos estándares que los comercializados en México”, a fin de tener una mejor seguridad vial, medioambientales y un parque vehicular de menor antigüedad, dijo Virginia Olalde, directiva de la ANPACT.