La secretaria de Economía informó el 7 de diciembre sobre el ofrecimiento de México a Estados Unidos de extender el plazo para la eliminación del maíz transgénico hasta enero de 2025, un año más de la fecha inicial propuesta, y cuando el sexenio del presidente López Obrador habrá concluido. La secretaria explicó que el gobierno relabora el decreto para modificarlo y hacerlo más claro ( bit.ly/3HuiIfK).
Tras varias semanas de confusión sobre las restricciones a la importación de maíz transgénico que considera el decreto de diciembre de 2020, las tensiones bilaterales aumentaron, al grado que el secretario de Agricultura de Estados Unidos, durante su visita a México, sostuvo que la eliminación gradual del uso y la importación del maíz biotecnológico tenía el potencial de perturbar sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos la de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos. Afirmó que en ausencia de una resolución aceptable, Washington consideraría la adopción de medidas formales en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) (bit.ly/3FnF53A).).
Por su parte, las trasnacionales agrobiotecnológicas que integran Crop Life International: Bayer, Basf, Corteva, Syngenta, junto con las asociaciones de productores de maíz, los fabricantes de jarabe de alta fructosa, los de granos secos de destilería con solubles, la organización para la innovación en biotecnología, el Consejo de Granos de Estados Unidos y sus contrapartes mexicanas como la Asociación de Semillas, la de fabricantes de alimentos balanceados, los engordadortes de ganado bovino, la organización de porcicultores, la cámara de maíz industrializado, presentaron el análisis económico preparado para ellos por World Perspectives Inc sobre los impactos que tendrían las restricciones mexicanas al maíz transgénico.
Sin embargo, el decreto de 2020 no menciona la importación, sino a la facultad de las autoridades de bioseguridad para revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado en la alimentación de la población. Para no enfrentar al T-MEC era posible controlar internamente el destino de las importaciones de maíz y prohibir su uso a las empresas fabricantes de harina, tortillas, almidones, frituras, hojuelas, jarabe de alta fructosa. Ellas utilizan unos 3 millones de toneladas del maíz importado, pero no por falta de maíz en el país.
Aunque las declaraciones del presidente López Obrador se refirieron sólo a la eliminación del maíz transgénico para consumo humano, varias veces argumentó que evitaría la entrada de importaciones de maíz transgénico destinadas a ese fin.
El secretario de Agricultura sostuvo también que las importaciones de maíz para la alimentación del ganado no serían canceladas. El único que llevó al extremo la eliminación del maíz transgénico fue el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, quien declaró que se prohibiría su importación incluso para la alimentación de ganado. Señaló que existía un plan para reducir a la mitad las importaciones de maíz a partir del aumento de la producción. Este plan –sin posibilidades de concretarse– pretendía aumentar la producción de maíz amarillo en unos 7 millones de toneladas en un año, además de negociar la compra de maíz no transgénico en Estados Unidos, Brasil y Argentina, países con 93, 88 y 99 por ciento de grano transgénico, respectivamente ( bit.ly/3gmZWM4).
Estados Unidos inició la siembra de maíz transgénico desde 1996 y México partir de la puesta en marcha del TLCAN (1994) se convirtió en uno de sus principales destinos. La demanda de maíz amarillo creció exponencialmente, al tiempo que sus importaciones dumping se usaban para bajar los precios a los maiceros nacionales y hacer negocios financieros desde el vecino país con créditos blandos a la exportación.
El sector pecuario absorbe 82 por ciento de las importaciones del grano, unos 14 millones de toneladas. Las trasnacionales que controlan la producción fabril de puercos, como Smithfield, instalaron sus plantas en el país; Tyson y Pilgrims que controlan la producción intensiva de pollo se expandieron y lo mismo ocurrió con el ganado vacuno controlado por la brasileña JBP, en tanto la ganadería de pequeña y mediana escala desapareció al quedarse sin posibilidades de competir.
La prohibición mexicana a la importación de maíz transgénico amenaza el mercado de los agricultores productores de maíz, de los productores de derivados y de los distribuidores y comercializadores en Estados Unidos; también a las corporaciones trasnacionales productoras de semillas genéticamente modificadas y de agrotóxicos, pero también a la producción ganadera y la fabricación de piensos, en México.
En momentos de turbulencia en los mercados internacionales por la guerra en Ucrania, la sequía en varias regiones y la inflación generalizada, no parece buena idea prohibir las importaciones de maíz de las que depende México para la alimentación del ganado, mientras no existan alternativas reales para sustituirlas.
Fuente: Opinión 12/12/22